Bolivia elige jueces por voto popular

Juan Claudio Lechín

Con la prédica de democratizar el sistema judicial y descolonizarlo, el gobierno de Evo Morales ha realizado, este domingo pasado, unas novedosas elecciones judiciales, la cuales volvieron a polarizar el país. Más allá del resultado electoral, es interesante mirar los mecanismos, razonamientos y las validaciones que han dado lugar a este evento tan singular.

El gobierno partió de la idea de que mientras más se radicalice a la democracia burguesa, mientras la democracia sea más horizontal y participativa, más rápido y con mayor efectividad se destruirán los viejos enclaves oligárquicos, posibilitando la salida del pueblo de su postergación. Es un razonamiento que ha tenido bastante aceptación a pesar de contener una lógica insostenible, pues “más” no es necesariamente mejor y radicalizar lo que debe ser balanceado —aún tratándose de una dieta o de una medicación— puede resultar mortal. Más monedas no significa más cantidad y más agua, terminará ahogando. Más aún, cuando “radicalizar la democracia” está promovido por la polarización y no en base a los consensos, se puede sospechar que se busca hacer colapsar la democracia, antes que mejorarla.

Ahora, es cierto que Estados Unidos elige ciertos estrados judiciales, entre gente reconocida por la comunidad; pero el dilema no es : elegir jueces o no elegir de jueces; sino ¿cómo garantizar una buena administración de justicia para todos?, y ¿cómo garantizar la independencia del poder judicial? Cosa fundamental para evitar la tiranía. Hasta hoy se escuchan los gritos clamorosos—que atraviesan los siglos— de los próceres de la Independencia y de los revolucionarios franceses: ¡eviten la tiranía!, ¡dividan los poderes del Estado!, ¡desconcentren el poder!

El parlamento plurinacional boliviano habilitó a 118 candidatos para que compitan por los 28 cargos (Tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental y Consejo de la Magistratura). La estridencia fue que dos tercios de este parlamento está controlado por el gobierno, así como 70% de los municipios y siete de los nueve departamentos.

Pero aunque hubiera sido políticamente equilibrado: ¿cómo informar al público acerca de los méritos de cada uno de los 115 postulantes?, y, más difícil aún: ¿cómo darle al votante el conocimiento evaluativo en materia judicial para que su acto sea premeditado y no impulsivo o por consigna? La oposición planteó el voto nulo asegurando que, detrás de lo ideológico descolonizador, se quiere controlar el poder judicial, y alega, además, fraude, una sombra permanente, en el país, desde que una organización venezolana tomó Identificación Nacional (2006) y que el gobierno asegurara el control de la Corte Nacional Electoral.

La consigna del voto nulo creció tanto que el órgano electoral amenazó con castigarlo y, luego, dificultó la anulación del voto: de quedar intacta alguna casilla de la papeleta, ese vacío sería interpretado como voto efectivo.

Ya el 2006, la académica Jimena Costa y la diputada Lazarte mostraron advertencias documentadas sobre irregularidades electorales. La sociedad las pasó por alto y no actuó con tesón para corregirlas y reencauzarlas. Hoy, hay una cosecha conflictiva de ajustes y frenos no realizados a tiempo. Y la mentada radicalización de la democracia sigue trayendo polarización.