Un polemico articulo de el escritor Roncagliolo

La eventual victoria del líder indígena Evo Morales en las elecciones del día 18 puede significar la reproducción en Bolivia de la metodología política de su aliado Hugo Chávez
Las demandas de los cocaleros articulan al campesinado de Bolivia y de los países andinos, cuya subsistencia depende mucho de los sembrados productores de la hoja con la que se fabrica la cocaína. Mientras en Colombia los cultivos ilegales se redujeron un 7%, en buena parte por la fumigación y penas de cárcel hasta de 14 años, en Bolivia aumentó un 17%
SANTIAGO RONCAGLIOLO
EL PAÍS - España - 12-12-2005


El candidato presidencial Evo Morales responde siempre desde Orinoca, . Buena parte de los cocaleros le votará.



El dirigente Felipe Quispe pide la creación en Bolivia de una nación indígena independiente.El ex canciller peruano Manuel Rodríguez pidió un acuerdo internacional sobre la hoja de coca.El peruano Vladimiro Montesinos, aliado de Estados Unidos, fue acusado de participar en el narcotráfico700.000 peruanos evitan la miseria con el comercio de la coca, Colombia castiga con cárcel a los cultivadores de la hoja Unas 10 hectáreas pueden generar 150 euros mensualesLa producción global aumentó un 3%, según la ONUUna victoria de Evo Morales en las elecciones generales de Bolivia, el próximo domingo, podría extender el modelo venezolano al país del altiplano. De hecho, los campesinos cocaleros han encontrado en Chávez, en sus ataques al neoliberalismo y a Estados Unidos, en su defensa del nacionalismo, el discurso político que necesitaban. Y los cocacaleros no sólo están en Bolivia, sino en toda la región andina, en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela, que a partir de este mes inauguran un año electoral. El líder indígena Morales, candidato a la Presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), amigo y seguidor de Chávez, encabeza las encuestas en Bolivia con el 32%, cinco puntos de ventaja sobre el ex presidente Jorge Quiroga. Morales prometió despenalizar el cultivo de la hoja de coca.

La crisis boliviana de junio, durante la cual una sucesión de huelgas y bloqueos defenestró al presidente Carlos Mesa y demostró la fuerza adquirida por los sectores indígenas del país más pobre de Suramérica: sus campesinos, sindicatos y asociaciones vecinales son capaces de articular una voz común. Y cuando lo hacen, pueden sitiar una capital y detener la circulación vial, paralizar a un país y tumbar a un Gobierno. Pero aunque el debate por los hidrocarburos fue la cúspide de la protesta, la base de su organización radica en un tema aún más polémico que ha articulado la resistencia andina contra la economía liberal: la coca.

De la coca proviene el mismo Evo Morales, un campesino que, como muchos otros miles, emigró durante la crisis de los años ochenta al Chapare cochabambino para cultivar el único producto que estaba en auge en un periodo de hiperinflación y cierre de minas y cultivos. La planta de la coca da cuatro cosechas al año y es un producto tradicional y milenario de la cultura andina. Además, en una región en la que las diferencias sociales se superponen con las étnicas, se convirtió en un símbolo de supervivencia económica y cultural.

Pero debido a su empleo para la fabricación de cocaína, la hoja de coca es también el eje de la política norteamericana en la región. Sólo para 2005, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presupuestó 235 millones de dólares para combatir el narcotráfico en Bolivia, casi cien más que para combatir la mortalidad infantil y otros programas de salud. El único rubro que sobrepasa ese presupuesto está sujeto a la colaboración de los Gobiernos con las políticas antidrogas norteamericanas. Ésta es la raíz del conflicto.

"El Gobierno de Estados Unidos no quiere asumir su responsabilidad: prefiere atacar la materia prima en Suramérica que el consumo en su propio territorio", según el especialista Hugo Cabieses. Y al plantearlo como "guerra contra las drogas" lo convierte en un tema de seguridad. "Pero no distingue entre traficantes de cocaína y campesinos que cultivan hoja de coca para la subsistencia. En la práctica, esto significa que los primeros están libres y los segundos, más visibles, son perseguidos".

En efecto, EE UU ha acusado repetidas veces a Morales y a su movimiento de no ser un verdadero partido político sino un grupo antidemocrático apoyado por Chávez. Significativamente, las acusaciones no sólo han partido del Departamento de Estado, sino de portavoces del Pentágono. La estrategia, a menudo violenta, de erradicación de drogas se ha concentrado precisamente en las poblaciones más pobres de Bolivia, que forman el núcleo duro de los votantes de Morales.

Un vistazo a su historia basta para comprobarlo: bajo el Gobierno del coronel Hugo Banzer, dictador entre los años 1971-1978, presidente electo en el periodo 1997-2001, el mejor aliado de la política estadounidense antinarcóticos, la popularidad de Evo creció hasta permitirle formar su propio partido político. El año 2000, como protesta contra las políticas liberales de Banzer, se ensayaron los bloqueos masivos y se lubricó la capacidad de movilización de los cocaleros. Dos años después tenía un 4% de expectativa de voto. A dos meses de las elecciones, el embajador norteamericano amenazó con cortar la ayuda económica a Bolivia si ganaba Morales. En respuesta, su apoyo popular creció hasta un 22,5%, a menos de dos puntos de arrebatarle la victoria al ganador Gonzalo Sánchez de Lozada. Y tres años más tarde, los mismos movimientos campesinos terminarían defenestrando al presidente. Como dice el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, "Evo es una creación involuntaria de EE UU".

Así y todo, Evo es la cara moderada de los cocaleros. El líder radical es Felipe Quispe, un ex guerrillero que estuvo preso cinco años bajo cargos de terrorismo y que hoy dirige el Movimiento Indigenista Pachakuti. El MIP ni siquiera acepta el acuerdo con las autoridades políticas tradicionales. Por el contrario, propone la secesión y la autodeterminación de los indígenas en una futura "república del Collasuyo". Y su posición no carece de apoyos. Pero Evo es el único de los dos líderes que puede recabar apoyos electorales en la clase media, a lo que ha dedicado su estrategia electoral.

Según el analista Óscar del Álamo, del Instituto Internacional de Gobernabilidad, "la coca es una demanda más importante que los subsidios o la igualdad, precisamente porque aglutina todas esas demandas. Es el pegamento que une a los sectores más marginados." En un país como Bolivia, con un 60% de población indígena por debajo de la línea de pobreza, esos sectores son mayoritarios. Y la experiencia de la coca fue el pistoletazo de salida de un movimiento que les ha granjeado cuotas de poder inéditas en la historia.

Para regocijo de Chávez, las demandas de los cocaleros bolivianos se extienden a los países bolivarianos con elecciones el próximo año. En Colombia, la ley prohíbe a los cocaleros establecer asociaciones o partidos políticos sobre la base de esa actividad. Pero en Perú, la paz de la última década tras la derrota de Sendero Luminoso ha cristalizado en brotes de organización campesina similar a la boliviana.

Ahí, su líder más claro en la carrera presidencial es el militar nacionalista Ollanta Humala, a quien de momento, las encuestas sitúan en el cuarto lugar de preferencias para las elecciones. El hermano de Ollanta, el mayor Antauro Humala, actualmente preso por la toma armada de una comisaría, representa la línea más dura de los nacionalistas. Él ha declarado que el problema de la coca, simplemente, "no existe". De no ser "por la virtud energética de esta hoja sacra, 700.000 compatriotas diseminados por la ceja de selva degenerarían al espantoso subnivel de desnutrición, mortalidad y miseria del África subsahariana. La coca es un problema para un gobierno sometido al extranjero, pero una solución para una población que lucha contra la miseria".

La mayor parte de los cocaleros peruanos están agrupados en la confederación nacional de productores agropecuarios de las cuencas cocaleras de Perú. El presidente de la confederación, Nelson Palomino, fue arrestado en el año 2003, quince días después de fundar la asociación, bajo siete cargos que incluyen ataque a la fuerza armada, boicot electoral y secuestro. Su portavoz Yenica Marquina cree que fue un arresto político debido a "la hipocresía y el doble discurso norteamericano. Nos satanizan por producir hoja de coca, porque sirve para hacer cocaína. Pero ellos abastecen a los países andinos con el 54% de la producción mundial de productos químicos para la droga. ¿Por qué nos persiguen a nosotros y no simplemente controlan a sus químicos?".

Estados Unidos, sin embargo, sí ha mostrado cierta -lenta- evolución en su comprensión del problema. Si en los años ochenta estaban dispuestos a invadir Panamá para detener al dictador Noriega por tráfico de drogas, o a negarle el visado al presidente colombiano Ernesto Samper, los noventa mostraron que incluso sus aliados, como el peruano Vladimiro Montesinos, podían estar involucrados con el narcotráfico, y que era necesaria una solución política sobre el terreno.

En 2002, la ONG que canaliza el dinero norteamericano hacia Perú, Contradrogas, cambió su nombre por el menos agresivo Devida. Y empezó a ofrecer subvenciones para que los campesinos sembrasen otros productos. Estados Unidos desembolsó 67 millones de dólares con ese fin -y otros 53 para continuar las erradicaciones-.

El proyecto de cultivos alternativos ofrece a cada campesino 180 dólares (unos 150 euros) para sembrar palma aceitera, arroz o café. Según el presidente de Devida, Fernando Hurtado, en 2004 los productos sustitutos generaron 78 millones de dólares y redujeron en 200.000 el número de familias dedicadas a la coca.

Pero en la práctica, los cultivos alternativos no necesariamente reemplazan a la coca. Como reconoce un campesino de Tocache, esos proyectos no les dan seguridad, así que muchos aceptan los 180 dólares "y compramos palma y también más coca. La palma la sembramos donde se vea y la coca más adentro, en la selva, para que no se note".

Los campesinos, de hecho, siempre han sembrado otros productos como arroz y frijoles. Pero esos productos tienen poca salida -hablamos de una zona sin carreteras-, y la coca es economía líquida. Unas diez hectáreas de coca pueden producir unos 700 soles mensuales (150 euros), con los que una familia vive y consigue capital para reinvertir en sus otros cultivos. Sin un banco agrario, sin títulos de propiedad para pedir créditos, es paradójicamente el dinero de la coca el que les permitirá dejar de sembrar coca, a menos que el Estado cubra ese déficit. Desde el punto de vista de los propios campesinos, la coca es su "caja chica".

Por eso, recientemente, el gobierno regional de Cusco autorizó el libre cultivo de la coca en abierto enfrentamiento con el gobierno central. La medida fue celebrada por varias asociaciones de productores bolivianos. Pero el director ejecutivo de Devida, Nils Ericsson, recordó que con ella se rompen convenios internacionales que podrían costarle a Perú créditos y financiación por valor de varios millones de dólares.

Ahora bien, ¿es productivo el dinero de la lucha contra las drogas? El principal receptor de fondos norteamericanos, Colombia, ha ingresado más de 3.000 millones de dólares por este concepto en los últimos cinco años y ha impuesto la política más dura hacia el sector. Un total de 148.115 hectáreas han sido fumigadas. Los campesinos productores pueden afrontar entre 7 y 14 años de cárcel, igual que los traficantes. En consecuencia, los cultivos ilegales de coca se han reducido en un 7%. Pero tal reducción es sólo un desplazamiento: en Bolivia, han aumentado un 17%. Y en Perú, un 14%. La producción global aumentó, según cifras de Naciones Unidas, un 3%. La propia Casa Blanca ha reconocido este año que la producción de coca se mantiene "estadísticamente estable" desde 2003.

Donde los cultivos alternativos sí tienen efectos -y no muy positivos- es en EE UU. Según informó el The New York Times el año pasado, los productores de espárragos de 6.900 hectáreas, especialmente en Michigan y Washington, se sienten víctimas norteamericanas de la guerra contra las drogas. Y se preguntan si la política de cultivos alternativos ha servido realmente para reducir el comercio de cocaína. Ningún indicador sugiere tampoco una disminución esencial del consumo de estupefacientes en EE UU.

"Los premios e incentivos financieros que ofrece EE UU para la lucha contra las drogas son de tal magnitud que ningún gobierno se puede dar el lujo de rechazarlos, así que todos los pretenden", según Hugo Cabieses. Los espárragos no reemplazan a la coca, pero resultan una inversión más "viable" en un país como Perú, donde la mayor parte de la tierra cultivable y las empresas están en la costa.

Hay señales, aunque tenues, de que el Gobierno peruano pretende reducir el protagonismo norteamericano poniendo a otros actores en el escenario de las soluciones. En un discurso pronunciado en junio, el entonces canciller Manuel Rodríguez Cuadros resaltó la necesidad de evitar las intervenciones militares no amparadas por la ONU, en clara referencia a Estados Unidos. Abogando por un marco de acción multilateral, donde puso por primera vez en agenda la colaboración de Europa en el tema de la coca.

Para muchos analistas, todo este callejón sin salida sólo se resuelve legalizando la producción de cocaína. Pero pocos se atreverían a decir eso en público. Ninguna de las instituciones públicas latinoamericanas consultadas para este reportaje quiso responder a la pregunta sobre la legalización. Sólo un funcionario que prefirió el anonimato comentó que si el whisky goza de libre mercado ¿por qué no la cocaína? "Si la legalizamos, se acaban la violencia y la corrupción a la vez que aumenta la base tributaria del Estado". Al formalizarse la producción también se mejora la economía de las zonas cocaleras "y se les quita el piso a los grupos radicales y violentos", agregó. "El único problema real es que Estados Unidos nos pondría en alguna de sus listas de países terroristas con Cuba y Corea del Norte. Es un costo muy alto".

Y sin embargo, sorprendentemente, los propios portavoces de la confederación peruana de cocaleros, como su subsecretaria Nancy Obregón, no exigen incondicionalmente que se legalice: "Yo, francamente, preferiría cultivar otra cosa para ahorrarnos problemas y tener más seguridad, pero necesitamos una alternativa sólida y rentable".

Otra posibilidad es promover la industrialización legal de la hoja de coca. Según Obregón, con ella se pueden producir jabones de tocador, harinas, pan, dulces, fideos, bebidas energizantes, gaseosas, jaleas, mermeladas, pastas dentífricas, goma de mascar, caramelos, vinos, licores y gelatinas.

En marzo, la confederación presentó al Congreso un proyecto de ley que declara de necesidad e interés nacional la hoja de coca por sus propiedades químicas, bioquímicas y farmacológicas. Para los campesinos agrupados en ella, la coca podría ser el motor del desarrollo de las zonas más deprimidas del país.

Algunos analistas son más escépticos, como Óscar del Álamo: "En las zonas en que se cultiva coca toda la economía es informal, también la del arroz y los frijoles. Cualquier forma de legalización sin un proyecto de integración económica completo sería poco más que papel mojado".

Mientras no existe ese programa de integración, la guerrilla ha funcionado y funciona (se proclama) como defensa de los campesinos cocaleros ante los ejércitos nacionales y la policía. Y aún hay grupos de campesinos que defienden la producción de coca sin importar que vaya al narcotráfico, como reivindicación y defensa ante lo que consideran una agresión norteamericana. Para ellos, una política nacionalista a la venezolana es la alternativa de solución pacífica. La otra posibilidad, según esos sectores, es simplemente la explosión de la violencia